Más prevención y servicios, mejores prestaciones, menos accidentes y más litigiosidad
Desde la entrada en vigencia del Sistema del Riesgos del Trabajo se han generado destacados avances en lo que respecta a cobertura, prevención, prestaciones y siniestralidad. A pesar de ello, el sector atraviesa hoy una situación problemática, que podría volverse insostenible, producto de la litigiosidad.
En el compilado de “buenas noticias”, las cifras prueban el crecimiento del sector que hoy da cobertura a 9,6 millones de trabajadores registrados, y que recientemente ha absorbido a los empleados de casas particulares. También se observa un 34% menos de accidentes laborales, una caída del 68% en cuanto a trabajadores fallecidos, y un incremento de las prestaciones dinerarias del 346%, e indemnizaciones de sistema, que alcanzan un piso de $ 1,6 millón en el caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
No menos importante es la labor de las ART en la promoción de la prevención. Si bien la responsabilidad del cumplimiento de las normas es del empleador, las ART tienen la obligación de asesorar a las empresas aseguradas: durante el año 2014 se realizaron un total de 725.000 visitas y 1.550.000 recomendaciones.
Asimismo, el sector trabaja arduamente en la implementación de nuevas normativas, como el programa anual de prevención, con reportes trimestrales a la SRT y la activa participación en las 18 mesas nacionales cuatripartitas creadas a partir de la Resolución SRT Nº 770/13. Es de destacar también, las mejoras en gestión de atención al público y la incorporación de nuevos estándares y protocolos de prestaciones en especie, producto de normativa emanada por la SRT.
No obstante todo lo anterior, existe una amenaza que atenta a diario contra el sistema, su solidez y posibilidad de expansión: la litigiosidad.
Si bien la reforma de octubre de 2012 (Ley 26.773) logró frenar las demandas de responsabilidad civil contra las empresas, conteniendo la polémica «doble vía» que había consolidado un escenario de absoluta incertidumbre sobre los costos del sistema, en los últimos tiempos se produjo un redireccionamiento de la litigiosidad. Así, lejos de disminuir los juicios contra el sistema de ART continuaron aumentando: en 2014 ingresaron al sistema judicial 88.567 demandas (un incremento del 13% respecto del año anterior) y para este 2015 se estima un exponencial incremento del 31% en relación al período previo.
La evolución de los juicios por provincia, muestra una cada vez mayor participación de CABA en el total, sin perjuicio del crecimiento en todas las jurisdicciones en general.
Es así como la industria del juicio, ocasionada por la disparidad de criterios en las pericias e interpretaciones judiciales sui generis de la nueva normativa vigente, amenaza no sólo al sistema que brinda salud a casi 10 millones de personas, sino que además castiga los costos empresarios y, a menos que se ponga coto a esta situación, lo seguirá haciendo.
La explicación es simple: con la implementación de los cambios de la ley 26.773, en noviembre de 2012 el valor de las alícuotas promedio del sistema se elevó de 2,77% a 3,07% de la masa salarial, con el objetivo de financiar el fuerte aumento de las indemnizaciones por accidentes y poner fin a la doble vía. Por la actualización anual de los montos indemnizatorios mediante el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) el valor de las primas se ajustó hasta alcanzar actualmente el 3,35% de la masa salarial. Ese incremento, sin embargo, no contempla en su total magnitud el financiamiento de estos nuevos juicios contra el sistema.
Esta situación paradojal, caracterizada por MÁS prevención y servicios, MEJORES prestaciones, MENOS accidentes y –contradictoriamente- MÁS litigiosidad, genera sobrecostos para la sociedad productiva, y una señal de alarma para la sustentabilidad del sistema.
¿Qué resta por hacerse? Nuestro compromiso desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo seguirá siendo el de ofrecer y sostener calidad de cobertura para los trabajadores argentinos. No obstante, la solución definitiva y de fondo está en manos del Poder Judicial. Es imperativa la unificación de criterios y aplicación adecuada de la ley por parte de las instancias judiciales superiores para evitar mayores sobrecostos sobre el sector productivo.
Hoy es un sistema que tiene todos los elementos que lo posicionan como el mejor de nuestra historia y uno de los mejores del mundo, en cuanto a desempeño en materia de prevención, prestaciones y cobertura. Desde ese lugar entendemos que no se requieren más cambios. Sí demanda una urgente mirada atenta y equilibrada de la Justicia.
